Cuando asociamos políticos con decisiones absurdas, cada vez más ciudadanos hemos asumido que la relación se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y esto es extrapolable a otras latitudes del mundo, como por ejemplo los “mismísimos” EE.UU. de América. Solo hay que poner atención a una de las últimas propuestas en torno a la obligatoriedad del uso del casco en moto para confirmar esta teoría.
El uso del casco como reclamo político
Por desgracia para los yanquis, dentro de la amalgama política que han elegido “libremente” se encuentran señores que abogan por la abolición de la obligatoriedad del empleo del casco en moto. Esta es una de las medidas estrella de los senadores Derrick Van Orden (republicano por Wisconsin) y Tim Sheehy (republicano por Montana). Según ha publicado recientemente el Washington Post, ambos abogarían por lo que ellos mismos han denominado como “Ley de Viaje por la Libertad”.
De hecho, hace apenas unos días presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes y el Senado que derogarían la ley del Distrito de Columbia “que exige que todos los motociclistas y pasajeros usen casco, independientemente de su edad”. En la actualidad, según la Asociación de Gobernadores para la Seguridad Vial, un total de cuarenta y siete estados aplica algún tipo de ley sobre el uso del casco en moto.
Así mismo, 17 de ellos tienen leyes de uso obligatorio del casco como es el caso del Distrito de Columbia. Grace Kim, portavoz de la entidad alerta: “Washington D. C. es un punto de partida importante. Si el Congreso logra cambiar la política aquí, se abrirá la puerta a un debate más amplio sobre el papel del gobierno federal en la obligatoriedad del uso del casco en todo el país”.
Derechos sí ¿y responsabilidades para quién?
En este punto, volvemos a cuestionarnos lo que es evidente ante los ojos de cualquiera capaz de discernir el color blanco del negro. Nos referimos al hecho de que alguien pueda llegar a tener la opción de determinar si usa o no el casco cada vez que se pone a los mandos de una moto, teniendo presente las consecuencias que tal decisión puede acarrear en términos generales para el resto de la sociedad.
Porque claro, uno decide una mañana salir a dar una vuelta en su moto sin ponerse el casco, haciendo uso de su total libertad de elección. Sin embargo, en ese trayecto sufre un accidente que lo deja postrado para siempre en una silla de ruedas. En este caso, ¿quién debería de hacerse cargo de los gastos médicos inmediatos y posteriores, fruto de su propia toma de decisiones?
Un gasto millonario del que nadie habla
“Millones de dólares gastados por no usar el casco en moto”: esta es la realidad actual que se revelaba hace apenas unos meses en el último informe publicado por el Journal of the American College of Surgeons (JACS). En él se expone, de forma clara y contundente, las consecuencias de abolir la obligatoriedad del casco en moto. Un ejemplo a este respecto lo tenemos con las decisiones políticas aplicadas en el estado de Michigan 14 años atrás:
“La derogación de la ley de Michigan que obligaba al uso obligatorio del casco para motociclistas se asoció con un aumento de 5.785 dólares en los costos de hospitalización por paciente accidentado, lo que representa un incremento del 26 % y 4,5 millones de dólares en gastos anuales adicionales”. Y adivinen sobre quien recae este sobrecoste adicional… Exacto: en los contribuyentes y los programas de seguros públicos.
Lo curioso de todo este asunto es que los políticos de turno sigan avalando este tipo de iniciativas cuasi criminales. Parece importar entre poco y nada la integridad de los usuarios mientras estos tengan la libertad de elegir. El problema viene cuando la elección de unos cuantos supone un perjuicio para el resto.
O lo que es lo mismo: “la libertad de uno termina donde empieza la del que tenemos al lado”, algo que deberían de grabarse a fuego esta panda de oportunistas y aprovechados.
