Los años de máximo esplendor antes de que estallara la “burbuja inmobiliaria” no fueron únicamente a nivel de obras públicas con majestuosos aeropuertos, trenes de alta velocidad y un sinfin de desmanes, también llegaron a la obra privada y las autopistas de peaje como alternativa a las autopistas convencionales y saturadas de tráfico comenzaron a expandirse con la denominación en muchos casos de “Radiales”.
Ahora, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dictaminado la liquidación de la Radial 5 y la Radial 3. Según lo recogido por el diario económico “Expansión” la sentencia obliga a: “dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de la actividad empresarial de la concursada a las 00.00 horas del día 1 de octubre de 2016” En la práctica esto implica que salvo que el Ministerio de Fomento decida mantener la actividad, las dos autopistas cerrarán a partir del uno de octubre, ya que igualmente, la sentencia hace responsable a Fomento de las infraestructuras al obligar a: “poner a disposición de la Administración concedente (en este caso el Ministerio de Fomento) los bienes, derechos e infraestructuras a los que esté obligado contractualmente”.
Aunque son varias las autopistas de peaje que se han visto obligadas a entrar en concurso de acreedores, entre ellas la R2, R4, AP-36, M-12, Madrid-Toledo y Cartagena-Vera, no se ha dado el caso de que ninguna de ellas se haya visto obligada a cesar su actividad. De seguir adelante con el procedimiento, hacerse cargo de todas estas infraestructuras obligaría al Estado a responder sobre las deudas de las mismas, que ascienden a un total de 3.200 millones de euros de los cuales se intentaría lleva a cabo una quita de en torno al 50 por ciento. Por el momento está por ver si el propio Ministerio de Fomento recurre la decisión judicial, aunque de ser así la resolución final llegaría pasado el 1 de octubre.
El problema de estas autopistas, según los expertos, llegó, primero, por el sobrecoste en las expropiaciones de los terrenos y, segundo, con la bajada del flujo de usuarios debido a la aparición de la crisis, lo que ha llevado a las empresas a situaciones límite que, por ley, debería asumir el Gobierno.
