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¿Motos sin etiqueta medioambiental? Prohibidas en Madrid desde 2025

Los vehículos antiguos "se quejan" en la capital
Fotos: SMN
Ayer domingo se celebró una marcha-protesta de vehículos clásicos por las calles de la capital con el objetivo de reclamar la protección de los derechos y libertades fundamentales de sus propietarios. A corto plazo, las motos antiguas lo tienen cada vez más difícil.

La Plataforma de Vehículos Afectados por la Movilidad en España organizó una marcha por el centro de Madrid (lógicamente, fuera de Madrid Central) para reclamar los derechos de uso de los propietarios de vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, que tendrán prohibido circular en la capital a partir de 2025. Esta situación repercute a muchos usuarios de modelos que quieren evitar así un posible destino de achatarramiento en desguace, pues muchos de estos vehículos son de colección y otros están en pleno orden de marcha y funcionamiento, incluidas sendas ITV.

Según el proyecto de modificación de la ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid, los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT (diésel anteriores a 2006, gasolina anteriores a 2000 y motocicletas anteriores a 2003), que no paguen el IVTM en Madrid, entre 2022 y 2024 tendrán restringido el acceso a determinadas zonas de Madrid.

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La nueva ordenanza municipal prohibirá circular desde el 1 de enero de 2022 en el interior de la M-30 a los vehículos sin distintivo de no residentes en Madrid, que no podrán circular desde enero de 2023 en la propia M-30 y desde enero de 2024 tendrán prohibido su acceso y circulación por todo el municipio de Madrid.

Esta situación es consecuencia de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el congreso el pasado mes de mayo, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, sin excepción, y a las localidades de más de 20.000 habitantes con mala calidad del aire a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023. Un total de 149 ciudades españolas reúnen esos requisitos (y aglutinan al 53% de la población del país), cifra que se aumenta a 416 si se incluyen los de más de 20.000 residentes.

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