En los Países Bajos, de forma parecida a España, el límite de velocidad para determinados ciclomotores, bicicletas eléctricas y VMP es de 25 km/h. Sin embargo, no es raro que algunos propietarios de estos equipos hagan modificaciones para lograr velocidades mayores, cercanas a las que son permitidas en países como Estados Unidos, donde algunos de estos vehículos pueden llegar hasta los 45 km/h.
Lo que podría parecer una travesura (la mayor parte de los usuarios de estos vehículos son personas jóvenes), constituye una violación de las leyes de tráfico, y además conlleva peligros tanto para los usuarios como para quienes los rodean. Para paliarlo, las autoridades neerlandesas han adoptado algunas medidas para supervisar las bicicletas y ciclomotores, y garantizar que se mantengan dentro de los límites legales de potencia y velocidad.

Las estaciones móviles de prueba
En 2022 hubo un número récord de víctimas mortales en accidentes en Países Bajos que implicaron a bicicletas eléctricas y ciclomotores manipulados. El desarrollo de bicicletas y ciclomotores más potentes, y las facilidades que ofrece internet para adquirir equipos e instrucciones para modificar los equipos, llevó a la policía holandesa a ponerse a la par de este desafío. Para ello comenzaron a utilizar unas novedosas estaciones móviles de prueba, para verificar en las vías públicas las condiciones de los vehículos.
Se trata de una plataforma móvil, con rodillos y cinta sinfín, que se instala al borde de calles y carreteras, con la que se puede evaluar la potencia y velocidad que puede proporcionar el motor de una bicicleta, de un ciclomotor y hasta de un scooter.

Cómo funcionan las estaciones de prueba
La policía neerlandesa cuenta con 247 estaciones móviles de prueba para bicicletas eléctricas, y con un lugar especial para poner a prueba scooters, ciclomotores y ciclomotores ligeros.
Las estaciones móviles se ubican en zonas estratégicas y se procede a detener aquellas bicicletas eléctricas sospechosas de haber sufrido alguna clase de modificación, o se detienen ciclistas al azar para realizar una prueba rápida. La bicicleta se coloca encima de la plataforma y se sujeta con correas y te24nsores; a continuación un policía la monta y pedalea hasta que el motor cesa la asistencia. Si el motor no se apaga al alcanzar los 25 km/h, esto significa que ha habido manipulación. Las sanciones, en caso de comprobarse la infracción, van desde 290 euros hasta la confiscación y destrucción del vehículo.
También es objeto de evaluación la potencia del motor, que no debe ser superior a los 250 vatios. Según la policía “algunos modelos cuentan con un motor de más de 250 Watts o un acelerador que permite circular a más de 6 km/h sin pedalear”.

Pueden parecernos excesivas estas medidas, pero son bastante suaves en comparación con Francia, donde desde 2021 la manipulación de e-bikes para hacerlas más rápidas se puede sancionar con multas de 30.000 euros y hasta un año de cárcel.
Varios países de la Unión Europea permiten el uso de pedelecs de velocidad, que pueden alcanzar los 45 km/h, pero también exigen en estos casos que el vehículo esté asegurado y matriculado, y que el conductor utilice casco.