Las cosas no pintan bien para Harley Davidson, sumida en problemas, con modelos que desaparecen y que ya antes tuvo que hacer frente a demandas por temas de emisiones. Este asunto se remonta hace más de diez años: una investigación acusó a Harley de vender, desde 2008, más de 300.000 escapes que no cumplían con las normativas de emisiones acústicas ni contaminantes. Eran los escapes más abiertos que vendían en sus concesionarios, y muchas veces las motos nuevas no llegaban ni a estrenarse con los originales… La EPA americana inició una investigación y ésta concluyó en la culpabilidad de la marca: llegaron a un acuerdo por el que Harley retiraba del mercado estos escapes, y pagaba hasta tres millones de dólares para reemplazarlos. Además, les cargaban con una multa de 12 millones de dólares, acuerdo al que se llegó en primera instancia en 2016.
Después de esto, en 2017 Harley pidió al Departamento de Justicia y basándose en la nueva política de penalizaciones medioambientales que les quitaran la sanción mayor mientras pagaban los tres millones. Pero ahora hay un nuevo giro: hace pocos días se sabía que un juez de distrito aprobó un nuevo acuerdo en el que aceptan el argumento que siempre tuvo Harley. Es decir, que estos escapes se proyectaron, y se montaban, para uso exclusivo en competición o circuito, y no para usarlos por las vías públicas. El famoso «usar en circuito» o «no usar en la calle» les salvaba… Ante esta decisión solo hubo la objeción de asociaciones ecologistas y un grupo de diez estados (entre ellos New York o Ilinois), pero parece que podría salir adelante. Por su parte Harley ha declarado que desde agosto de 2016 solamente ha vendido escapes homologados (ya sea por la California Air Resources Board o la EPA) y que aquellos ilegales devueltos se han destruido, como se acordó en su día.
