Hablar de política siempre es entrar en un terreno espinoso donde lejos de intentar buscar los puntos en común se busca la polarización. Entre medias de esos polos se encuentra la realidad, una realidad que afecta a todos los ciudadanos. Quizás sea una estrategia para que los árboles no dejen ver el bosque, pero en esta ocasión la justicia ha llegado blandiendo un hacha para recordar que la dejación de funciones pueden conllevar serias penas para los responsables.
Salta a la vista a nada que uno circule por una calle, una carretera o una autopista que el estado de conservación es deficiente. Lo lleva siendo muchos años y el paso del tiempo está haciendo aflorar serios problemas en algunos puntos. La supuesta falta de financiación es una de las excusas, dejando de lado la cantidad de impuestos que de manera directa e indirecta pagan los vehículos por circular.
Pero dejando de lado los motivos, como decíamos, la realidad es que cada vez son más las vías que presentan estos problemas que, según los informes, están detrás del 30% de los accidentes en la Unión Europea. De hecho, ha sido el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, el que ha señalado directamente a las administraciones.
Vargas ha recordado que el artículo 385.2 del Código Penal castiga con una pena que va desde los seis meses hasta los dos años de prisión a quien origine un grave riesgo para la circulación por no restablecer la seguridad de la vía. En este caso estamos hablando de las administraciones (central, autonómica o local) y, también, a las empresas contratadas tanto para la construcción como para el mantenimiento.
También destacaba en su aparición pública que reforzará su propia actuación ya que ha detectado la ausencia de conciencia sobre la influencia en la siniestralidad que tiene el estado de las vías, señalando que: «La construcción y mantenimiento de las vías es una actividad trascendental, pues de ella depende en gran medida la reducción de las cifras, que esconden tragedias individuales, de la siniestralidad vial».
Además ha señalado que en una iniciativa público-privada, se van a investigar los puntos negros para determinar si la siniestralidad es cuestión de azar o fallos en la construcción de la carretera. Para ello fomentará la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas.
