Las políticas dictatoriales provenientes desde los más altos organismos gubernamentales de la Unión Europea, incluyen la imposición a toda costa de las llamadas ZBE. Nadie sabe quién ha decidido cuál es el rumbo que debe de tomar nuestro continente en cualquier ámbito, ni tampoco si este es el adecuado. Aunque sentencias como la recién emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ponen de relieve el abuso constante al que se ve sometido el ciudadano de a pies, es decir, usted y yo mismo.
Según hemos conocido en las últimas horas, gracias a la publicación llevada a cabo por los compañeros de Europa Press, el organismo judicial madrileño ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital española. El motivo principal de esta decisión es la “patente insuficiencia del informe de impacto económico” respecto a estas medidas.
Las ZBE madrileñas en el punto de mira
Parece que nadie se acuerda ya cuando el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, presentaba la nueva Estrategia de Sostenibilidad Ambiental con la que el consistorio de la capital pretendía dar carpetazo al Plan A de Calidad del Aire, la estrategia anticontaminación del anterior gobierno local. En ella se englobaba la que se consideraba la zona de bajas emisiones (ZBE) más eficiente de Europa: Madrid Central.
Ahora es el TSJM quien, ante un recurso interpuesto por la formación política VOX, pone contra las cuerdas la actual normativa en materia de ZBE puesta en vigor bajo el mandato de Almeida y los suyos. En la sentencia se anula la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, la misma que modificaba la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por el anterior gobierno madrileño.
Esta incluye las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Una decisión tomada ante “la notoria insuficiencia de los informes previos a la aprobación de la ordenanza, siguiendo la más reciente doctrina del Tribunal Supremo respecto de los procedimientos de elaboración de las ordenanzas municipales”.
La sentencia del TSJM hace hincapié en el agravio evidente sobre aquellas personas de menor capacidad económica, argumentando que “se ven impedidas o gravemente dificultados en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales”.
De igual forma se explica que “no se tuvieron en cuenta importantes consecuencias en el terreno de la economía de un relevante sector de la población, el de menos capacidad económica, el más vulnerable frente a las medidas restrictivas; ni la incidencia en la actividad de las empresas, singularmente en las más pequeñas de las que operan en el mercado”.
