En los últimos tiempos estamos viendo como la conducción autónoma es uno de los grandes objetivos de la industria automotriz. Para algunos es el paso lógico e inevitable en el transporte tanto público como privado, pero para otros llegar a este objetivo supone riesgos, como estamos viendo, y más cuando las regulaciones no están claras. En el Reino Unido, la discusión entre ambos puntos de vista ha cobrado fuerza, después del anuncio del Gobierno de adelantar los primeros ensayos de servicios de taxi y autobuses sin conductor a la primavera de 2026.
El adelanto en los planes ha sorprendido al colectivo de la moto, que ha reaccionado con una voz unánime. La Motorcycle Industry Association, junto a otras entidades como el National Motorcyclists’ Council y el Motorcycle Action Group, ha pedido que no se repitan errores del pasado, y que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de los usuarios de las dos ruedas.
En un escenario en el que los fabricantes de motos tratan de abrirse camino hacia una movilidad más segura y sostenible, el adelanto de las pruebas con coches autónomos se percibe como un riesgo innecesario. Aunque el punto clave de toda esta situación se encuentra en saber si la regulación será capaz de ofrecer garantías suficientes para todos los usuarios de las vías.
Hay que resaltar que el proyecto de implantación, denominado Vehicles Act 2024, fijaba la fecha de inicio de los primeros servicios autónomos para 2027. Pero el cambio de opinión prevé acelerar esta implantación, con el consecuente riesgo de que los usuarios más vulnerables se vean afectados, tal y como viene ocurriendo desde que en diferentes puntos del mundo se ha ido introduciendo la conducción autónoma.
No definir bien los conceptos requeridos a la conducción autónoma es el gran problema
De entre todas las voces en contra de esta aceleración en la implantación destaca, por ejemplo, la de Craig Carey-Clinch, director ejecutivo del NMC, que ha sido claro a la hora de advertir que no se deberían forzar los plazos, teniendo en cuenta que los principios de seguridad no están plenamente desarrollados y aplicados.
Ese mismo “pero” pone la MCIA, que ha dejado claro que no se opone a la innovación, pero insiste en que los motoristas y usuarios de ciclomotores no pueden quedar fuera de los estándares de seguridad. Reclaman requisitos técnicos claros, controles periódicos, transparencia en los datos y un enfoque real en la equidad. Sin esas bases, la convivencia entre motos y coches autónomos corre el riesgo de convertirse en un problema más que en una solución.
Mientras, el Motorcycle Action Group ha sido mucho más contundente apuntando directamente a la ley que consideran ambigua, pues exige que los vehículos autónomos se comporten como “conductores humanos atentos y competentes” sin definir qué significa eso realmente. Teniendo en cuenta los problemas que hay con la conducción humana, ese tipo de definición no suena más que a retórica política y no a una regulación real.
Pero esta disputa que está teniendo lugar en suelo británico no es más que el anticipo de lo que deberá regularse en el resto del mundo, Unión Europea y España incluido y que, al menos para el gran público, sigue generando dudas. Por ahora en nuestro territorio los vehículos 100% autónomos no están permitidos, por lo que es un tema que más pronto que tarde deberá afrontarse con los mismos miedos y dudas que siempre.
Y es que la parte legislativa y de control de la Seguridad Vial suele estar en manos de perfiles políticos y no técnicos, como sufrimos desde hace tiempo en España.
