Desde hace varios años Dani Pedrosa aparecía en el listado de morosos que Hacienda publica regularmente, y en el que se incluyen a algunas de las personas físicas con mayores deudas a la Agencia Tributaria según la propia Agencia Tributaria.
Tal como recoge El Confidencial, ya en 2015 Pedrosa aparecía en esta lista con una supuesta deuda de 7,85 millones de euros. Pero ya entonces el abogado del piloto de KTM emitía un comunicado en que se recordaba que la situación no era firme en vía administrativa.
Ya en 2019 el TEAC, Tribunal Económico Administrativo Central, anuló los acuerdos de liquidación por el IRPF de 2007 y 2008, aunque no se ha sabido hasta la fecha, cuando la Audiencia Nacional lo ha mencionado en la sentencia.
Aun así, el TEAC rechazó lo expuesto por el piloto para justificar que en los años 2005 y 2006 su residencia estaba fijada fuera de España y, por tanto, le reclamaban 1,7 millones. El piloto y su equipo jurídico recurrieron esta decisión y ahora la Audiencia Nacional le ha dado la razón alegando que: «Es obvio que la liquidación que nos ocupa es contraria a derecho, porque parte de la idea de que el recurrente tenía en los ejercicios que nos ocupan su domicilio fiscal en España, y ello no ha quedado acreditado.»
Y es que el piloto había presentado documentación sobre su residencia en aquellos años en Londres, aunque la Agencia Tributaria alegaba que Pedrosa no tenía propiedades en Reino Unido, donde residía de alquiler, a la par que alegaba que sus relaciones familiares se situaban en España o que los viajes profesionales se relacionaban con España.
Dani Pedrosa no tenía su residencia fiscal en España según la Audiencia Nacional
Estos argumentos esgrimidos por Hacienda no han sido suficientes para la Audiencia Nacional, pues considera que ninguno de ellos demuestra que Pedrosa tuviera su residencia fiscal en España. Es más, aprovecha para recordar el camino de investigación que debían haber llevado los inspectores y que tendrían que haberse centrado en demostrar que Pedrosa había residido más de 183 días al año en el territorio español, o demostrar que el núcleo de sus actividades o intereses económicos se encontraban en España de manera directa o indirecta.
Al entender que no ha habido manera de acreditar esto, Dani Pedrosa gana el pleito al igual que hicieron recientemente Jorge Lorenzo o Sito Pons y hace algo más de tiempo Sete Gibernau.
Esta situación, además, plantea la duda de hasta qué punto es lícito y ético señalar públicamente desde una institución pública a una persona cuando, tal como se ha demostrado en los anteriores casos, la Agencia Tributaria no tenía las pruebas suficientes para declararlo culpable.
