La batalla ITV-moto es algo que lleva mucho tiempo en marcha. Una posición enfrentada en la que no llega a haber un consenso, al menos en España. Mientras algunos defienden que los moteros cuidan de sus máquinas que, dicho de paso, son más sencillas de mantener y de localizar fallos que otros vehículos, hay quien dice que el rasero debe ser el mismo para todos. Unos opinan que la moto debería estar exenta de ITV y otros que deberían pasarla sin más. Quizás el punto intermedio entre ambas partes sea el más lógico porque, si bien es cierto que los moteros cuidan sus motos, no todos los usuarios de moto tienen ese conocimiento ni ese compromiso. Lo que está fuera de duda y los informes así lo corroboran, es que los fallos técnicos tengan una influencia en la siniestralidad en moto, algo que con otros vehículos sí pasa.
Sin embargo en la Unión Europea tienen claro que el sistema de inspecciones técnicas debe imponerse en todos los países. Recordemos que en Francia la legislación es muy diferente a la nuestra y la ITV no es obligatoria para motos. La cuestión es que toca mover fichas y las opciones son resistirse a la directiva europea o buscar alternativas. Eso sí, hay países como la propia Francia, Finlandia, Irlanda o Países Bajos que se resisten aunque antes o después tendrán que ceder.
Pero como decíamos, en Bélgica han encontrado un camino intermedio. Bueno, realmente en parte de Bélgica, en Flandes para ser concretos. La Región Flamenca ha decido poner en marcha su propio sistema. Hay que decir que Bélgica está muy segmentada a nivel administrativo y político, y de ahí que la toma de esta decisión haya correspondido sólo a una región. El caso es que el gobierno flamenco ha decidido establecer el control técnico de vehículos de dos ruedas pero no de manera periódica.
El plan es que estos controles se establezcan para motocicletas, scooters, triciclos, sidecares y quad de 125 cc en adelante, pero solamente en caso de venta como vehículo de segunda mano o en caso de que se vea involucrado en un accidente. Pero el proyecto va más lejos y establece que el coste de la revisión deberá ser inferior a 60 euros. Además de las motos declaradas como siniestro en accidente, deberán pasar esta revisión las que hayan sufrido daños en el bastidor, suspensiones, frenos o la dirección. En cuanto a los puntos a revisar sí serán similares a los que pasamos en España, haciendo especial hincapié en el sistema de escape y los ruidos. Con las cifras en la mano, calculan que cada año serán 30.000 motos las revisadas por compraventa y otras 200 por accidente.
Eso sí, estas medidas entrarán en vigor a partir de 2023 y ahora el foco se centra en el esfuerzo de que se extienda para entonces al resto del país, para que no haya diferencias entre las regiones. Lo que no deja de ser curioso es la falta de precisión por parte de la Unión Europea a la hora de poner en marcha medidas (tomadas desde Bruselas curiosamente), que afectan a millones de europeos pero que se dejan en manos del “conocimiento” y las decisiones de las administraciones de cada país.
