La Guardia Civil ha vuelto a asestar un golpe a quienes trafican de una u otra manera con motos. En esta ocasión no se trataba de motos robadas, sino vendidas a un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos, lo que conocemos como desguace.
Hasta ahí todo normal, pero era lo que hacía este CAT lo que era delito. En lugar de tratar los vehículos y sus residuos peligrosos, la trama desarticulada por la Guardia Civil las exportaba ilegalmente.
Tal como informaba la propia Guardia Civil, esta organización vendía las motos como vehículos de segunda mano a diferentes países africanos, pero también a tres miembros de la Unión Europea como Italia, Portugal y Polonia.
Además, para evitar las prohibiciones de exportación de residuos peligrosos, declaraban las motos como efectos de segunda mano. Así, de esta manera, en lugar de descontaminar las motos y ciclomotores y venderlos por piezas, los vendían como una moto entera con un mayor beneficio.
La Guardia Civil constata múltiples infracciones y delitos en la operación INJINI
En esta operación, la Guardia Civil ha detenido a un total de 25 personas a la vez que se han investigado a otras cinco personas jurídicas, es decir empresas.
Gracias a la investigación, se ha constatado que los servicios no se declaraban como parte de la actividad lícita de la empresa, por lo que además estaban defraudando a la hacienda pública.
Pero hay más y es que se ha investigado a la empresa por un delito contra el derecho de los trabajadores, ya que parte de la plantilla no tenían contrato laboral y la mayor parte de los pagos se hacían en metálico.
Para rematar el combo delictivo, esta empresa tenía almacenada un elevado número de residuos peligrosos en parcelas sin autorización y que habían excedido el tiempo máximo permitido para este tipo de almacenamiento.
Por ahora se desconoce el beneficio total que se pudo sacar con estas actividades, pero solamente en el tiempo que ha durado la investigación se ha verificado que el entramado había conseguido un beneficio ilícito de más de medio millón de euros.
La investigación todavía no ha terminado, ya que en los registros se ha intervenido material documental e informático que será analizado. Igualmente, se han incautado cerca de 4.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes, además de varias armas y munición.
A los detenidos, tal como confirma la Guardia Civil, se les imputan varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entre otros.
