Si hace pocos días recordábamos que el problema de la huelga de examinadores de la DGT sigue más vigente que nunca ayer día 4 de julio la DGT emitió por fin un comunicado al respecto de este problema. En su nota de prensa la DGT se excusa en que, cuando el colectivo expuso sus exigencias en 2015, transmitieron esas peticiones al Ministerio de Hacienda, que es el que tiene competencias para modificar las escalas de funcionarios y sus salarios.
En su comunicado la DGT afirma literalmente que “en ningún momento ha habido desidia ni inactividad por parte de la DGT, sino continúas reuniones de trabajo con los Ministerios implicados para llegar a un acuerdo”. Desde 2015 ha llovido y no parece que haya sido un proceso muy ágil, que además está lejos de estar terminado. El Director de la DGT ha comunicado al Comité de huelga de los examinadores que “no es posible una subida salarial unilateral por considerar que la modificación no puede realizarse en exclusiva y al margen de otros colectivos ya que supondría un agravio comparativo con el resto de personal, tanto de la DGT como del resto de la Administración General del Estado”. Es decir, lo que ya se dijo en 2015.
Sí es nuevo que la DGT quiere crear una escala propia para Examinadores de Tráfico, que es la aspiración del colectivo desde hace años. Esto mejoraría sus condiciones laborales no sólo en cuanto a salarios sino en otra serie de ventajas a la hora de promociones, formación, etcétera. La DGT se escuda en que “actualmente hay 42 nuevos examinadores más que en 2014, los últimos 16 incorporados el lunes 3 de julio. Además, otros 24 funcionarios están ya apuntados para realizar en septiembre el curso de examinadores”.
Y también es nuevo que la DGT amenaza con decretar servicios mínimos si se mantiene la convocatoria de huelga: “de persistir los graves problemas ocasionados por la huelga, se decretarán los servicios mínimos correspondientes según la legislación vigente para paliar los perjuicios excesivos sobre los ciudadanos y autoescuelas. Hasta el día de hoy se han suspendido 31.000 pruebas. El seguimiento medio de la misma ha sido del 70%”.
Habrá que estar atentos a cómo evoluciona esta polémica en la que las primeras víctimas son los candidatos a conductores que no puede examinarse. Y, detrás de ellos, las empresas: autoescuelas y distribución de vehículos.
