El final de esta huelga, que parecía irresoluble, ha llegado de forma algo inesperada. Los examinadores reclamaban un aumento de sueldo en torno a 250 euros, pues las desventajas de ser examinador (riesgo, trabajo a la intemperie, eventuales insultos y agresiones) apenas tenían contrapartida respecto al trabajo funcionarial de despacho. La DGT se escudó en que dependía de Hacienda el cambio de tipo salarial, pero ha sido a través de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso como el colectivo de examinadores (asociación Asextra) ha conseguido el compromiso de todos los grupos políticos (excepto el PP) para que el año próximo se incluya una partida dedicada a ellos en los presupuestos generales del Estado.
Lo ha anunciado hoy mismo el representante de Asextra en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, junto a representantes de la oposición. Indicó que la huelga ha sido la más larga de un departamento de la Administración y que se ha desconvocado gracias la compromiso de todos los partidos (salvo el PP) de aceptar su reivindicación. Cuando por fin vean reflejado ese aumento en sus nóminas, el conflicto se dará por terminado.
Han sido 65 días de huelga (lunes a miércoles desde mitad de junio pasado), y unos 210.000 exámenes sin realizar. Se calcula en unos 90 millones de euros las pérdidas para el sector de las autoescuelas, según la Confederación Nacional de Autoescuelas. Todo empezó en octubre de 2015, cuando DGT y examinadores firmaron un acuerdo tras una huelga exigiendo cambios en su situación laboral. Como ese acuerdo nunca se cumplió (la DGT argumentó que no dependía de ellos sino del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que a su vez no cambió sus condiciones), se desató la huelga que hoy termina.
Llevó a los examinadores a la Comisión del Congreso, que ha resuelto el problema, la amenaza del Director de la DGT de forzar unos servicios mínimos del 50 por ciento, cosa que los examinadores consideraban abusiva. Los portavoces de los grupos políticos (siempre salvo PP) hicieron público su compromiso “para alcanzar los acuerdos necesarios o impulsar las iniciativas parlamentarias correspondientes para que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 sea incluido un aumento del complemento específico del colectivo examinador de tráfico”.
