La burocracia no entiende de países, y si no que se lo digan a los italianos y el embrollo administrativo que tienen liado a razón de la homologación de más de 10.000 radares ante las autoridades del país. Una situación que parece estar abocada a la desactivación de prácticamente todos sus dispositivos automáticos de detección de velocidad a partir del próximo 18 de octubre, tal y como han denunciado desde Codacons, una organización similar a la OCU española.
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Más de 10.000 radares podrían ser ilegales
No es un hecho baladí que la mayor parte de los radares de un país, se queden fuera de servicio por no estar respaldados por la normativa impuesta por el gobierno de turno en relación con su homologación. Una situación que dura ya 16 meses, concretamente desde que el Tribunal de Casación dictaminó en abril de 2024 que las multas emitidas por dispositivos homologados, pero no aprobados, no eran válidas.
Así lo hace saber Codacons, la Coordinadora de Asociaciones para la Defensa del Medio Ambiente y los Derechos de los Usuarios y Consumidores, que además avisa que “a partir del 18 de octubre, todos los radares instalados en las carreteras italianas podrían desactivarse”, como consecuencia de “las disposiciones del Decreto de Infraestructura (Ley n.º 105/2025)”.
Una situación que la propia asociación considera paradójica y fruto de “retrasos, leyes engorrosas y complicaciones burocráticas innecesarias.” Si bien la base de esta ley tiene su fundamento, que no es otro que el de garantizar una mayor transparencia en el uso de los dispositivos automáticos de detección de velocidad, la aplicación parece que se ha convertido en una quimera para los municipios, provincias y regiones que tienen que homologar este tipo de dispositivos según la norma.
Estos deben de registrar e informar “al Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre todos los radares de velocidad presentes en sus respectivos territorios, para su publicación en la sección correspondiente del portal institucional en línea del Ministerio. Las autoridades locales deben comunicar no solo la ubicación y los datos técnicos de cada dispositivo, sino también información sobre su conformidad, modelo y homologación”, explican desde Codacons.
Mientras que no se supere este proceso burocrático, no podrán operar legalmente los radares de velocidad instalados en cada territorio del país. El problema es que según las propias autoridades implicadas aunque quisieran, actualmente no pueden cumplir con esta obligación. Estas aluden a que “carecen del decreto de aplicación del Ministerio de Transporte que les proporciona el formulario digital necesario para reportar los datos requeridos.”
Lo rocambolesco de todo este asunto es que “este formulario debe adoptarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la ley que convierte el Decreto de Infraestructura. Esto significa que el Ministerio tiene hasta el 19 de agosto para aprobar el decreto de aplicación, ya que la ley entró en vigor el 20 de julio. A partir de la publicación del formulario digital, las autoridades locales tendrán 60 días para reportar los datos de los radares de velocidad al Ministerio de Transporte, y quienes no lo hagan ya no podrán utilizar los dispositivos de detección de velocidad.”
En conclusión: A partir del 18 de octubre todos los radares instalados en Italia, independientemente de su homologación, tendrán que ser desactivados, por orden del propio Ministerio. “En la actualidad casi el 60% de los radares fijos y más del 67% de los móviles, no están homologados. Este hecho, muy probablemente, provocará una avalancha de recursos por parte de los conductores, que serán multados por exceso de velocidad este verano.” Concluyen desde Codacons.
