Implantar peajes en las carreteras públicas es uno de los autocompromisos que planteó el Gobierno de España a la Unión Europea para poder optar a la entrega de los fondos de recuperación. La medida, polémica como pocas, lleva varios años en la mesa, aunque podría llegar a desecharse.
Con el plazo de 2024 como máximo para la implantación, debido al compromiso adquirido por el propio gobierno en sus planes y que fue confirmado en varias ocasiones, ahora se está negociando con la Unión Europea el evitarlo.
Según las diferentes fuentes, pues es un tema político muy relevante por las implicaciones y costes políticos de implantar o no el sistema, lo que sí es seguro es que está en marcha esa negociación que evitaría la implantación de los peajes y la entrada en marcha de otros planes para contrarrestar.
Si la propuesta que ha planteado España en Bruselas sale adelante finalmente se retiraría esta propuesta. Actualmente, se está estudiando, se han llevado a cabo conversaciones que la propia CE considera como “constructivas” y la intención de ambas partes es “finalizar la evaluación lo antes posible”. Todo ello hace ser optimistas al Gobierno aunque, por ahora, no hay una decisión final.
Los peajes en autopistas públicas no eran para garantizar su conservación
Hay que recordar que la idea de los peajes era parte del denominado “hito 3” que implicaba el desarrollo de una ley de Movilidad Sostenible. Aunque en España el lobby de las constructoras lleva años exigiendo este tipo de peajes para conseguir parte de la tajada del mantenimiento de las autopistas.
Pero como decimos el plan no era, en teoría, recaudar dinero para el mantenimiento de las autopistas, sino fomentar una movilidad sostenible. Es por eso que el nuevo compromiso del Gobierno contemplará como mínimo y tal como recoge la SER:
- «La obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo».
- «La bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de 5 años».
- «El desarrollo de un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril y el impulso a la modernización e innovación en el sector del transporte ferroviario».
Todo ello implica que, en realidad, no habrá que pagar de manera directa a la hora de circular por las autovías pero se tendrán que destinar partidas de dinero público para poder llevarlo a cabo. En cualquier caso, habrá que esperar la respuesta de Bruselas que llegará en las próximas semanas.