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E-Call, el dilema de la Unión Europea

Fotos: Google Images
España está trabajando en un proyecto financiado por la Unión Europea destinado a desarrollar el sistema e-Call europeo, que será obligatorio en todos los automóviles que se comercialicen en Europa a partir del 31 de marzo de 2018.

No es fácil la implantación de la Directiva Europea, porque requerirá la armonización de diferentes administraciones. En este proyecto, que se encuentra ya en su segunda fase, participan junto a España, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Luxemburgo y Turquía. El objetivo es crear una red de comunicación eficiente que permita transmitir una llamada de ayuda en caso de emergencia. El proyecto piloto se está desarrollando inicialmente con turismos y furgonetas o camiones ligeros, y de momento deja fuera a las motos, aunque se han realizado algunas pruebas en las que se han instalado sensores en cascos de motociclistas.

Sin embargo, la eficacia del e-call está ya contrastada con sistemas de transmisión de datos que están disponibles en el mercado, como el Octo Rider 1, un sistema telemático desarrollado específicamente para motos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado partido en el tema del e-Call, dado que será la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil uno de los destinatarios tras el filtrado de llamadas que realizarán los diferentes servicios regionales de emergencia, responsables del teléfono 112, que será el receptor automático del e-Call. Por eso la DGT realizó hace unos días una jornada de seguimiento y estudio del proyecto, dando a conocer su estado de evolución, y asegura que en octubre de 2017 se contará con la infraestructura necesaria para su funcionamiento en toda Europa.

Dado que el sistema mantiene un contacto directo por geolocalización, que transmite información en tiempo real del emplazamiento del vehículo, existe no poca preocupación por el tipo de información sensible que el sistema puede ofrecer, y ya comienzan a surgir una serie de determinados dilemas. El más evidente es la privacidad. A muchos usuarios les preocupa que el sistema e-Call se convierta en un policía infiltrado en su vehículo.

Pero también hay otra cuestión que se debe valorar. El vehículo llegará equipado con una tarjeta GSM, como la de cualquier dispositivo móvil de comunicación, con su correspondiente número de línea. Sin embargo, ¿quién será el titular de esa línea telefónica? Es una cuestión que ni los fabricantes ni los responsables del proyecto han puesto sobre la mesa. Ese servicio, además, devengará un coste que tendrá que asumir el usuario, como siempre suele suceder. ¿Tendrá la opción de elegir la compañía que le resulte económicamente más interesante, o dependerá del fabricante al que le compre su vehículo, y los posibles acuerdos comerciales a los que lleguen ambas partes?

Muchas incógnitas sobre la mesa, y poco tiempo por delante. Si la implantación del e-Call es el 31 de marzo de 2018, eso quiere decir que esta cuestión tendría que estar ya más que resuelta. Seguramente, al final se resolverá, pero a costa del contribuyente.

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