Las normativas anti-contaminación cada vez más llamativas siguen en el orden del día. Primero fue el Ayuntamiento de Madrid limitando el acceso a toda la parte central de la ciudad a cualquier vehículo que no fuera eléctrico (o con etiqueta Cero de la DGT que en moto es equivalente) y ahora ha sido el Parlamento del gobierno autonómico balear el que ha confirmado lo que ya había anunciado meses atrás. La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha aprobado el parlamento recoge varias medidas “revolucionarias”, la más llamativa de las cuales son las limitaciones al acceso y venta de vehículos con motor de combustión. Los diésel quedarán vetados en 2025, y los gasolina (motos incluidas) en 2035.
Así, a partir del año 2035 no se podrá viajar a Baleares en moto (que no sea eléctrica) y tampoco se podrán ya vender allí motos de gasolina. Quienes en esa fecha ya tengan una moto (o coche de gasolina, los diésel en 2025) matriculado allí, podrán seguir usándolo en principio sin limitación, aunque habrá que ver qué pasa con eso cuando llegue el momento (posiblemente con limitaciones en función de la etiqueta medioambiental como ha ocurrido en Madrid Central). Como era de esperar la medida no ha sido bien recibida por las asociaciones de fabricantes, y tampoco es bien vista por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La Ley por ejemplo afecta a las empresas de alquiler, que a partir de 2020 deberán ir incorporando vehículos eléctricos progresivamente hasta un 100% en 2035. La idea es que llegado el año 2050 sólo circulen por Baleares vehículos eléctricos.
El proyecto de ley de esta iniciativa fue ya aprobado en agosto de 2018 y ahora ha sido refrendado por el Parlamento. El Consejero de Energía y Movilidad (el socialista Marc Pons) lo ha defendido como un “plan valiente, algo más que medidas individuales o iniciativas aisladas” y la Ley ha recibido los votos favorables de todos los partidos de izquierdas y nacionalistas. La Ley obliga a montar placas solares en grandes aparcamientos y en edificios de nueva construcción, y se prevé cerrar la central térmica de Alcudia entre otras. También prevé desarrollar normas que limiten la contaminación de barcos y nuevos planes para el tráfico aéreo.
