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Casi 80 detenidos por un fraude masivo en las ayudas del Plan PIVE

Fotos: Guardia Civil
En el marco de la operación realizada por la Guardia Civil y bautizada como Operación PREVEO, se han detenido 75 personas acusadas, supuestamente, de un fraude masivo en las ayudas del Plan PIVE, vendiendo coches que habían sido entregados para su achatarramiento con anterioridad.

75 personas detenidas y 29 bajo investigación es, de momento, el saldo que lleva acumulado la operación perpetrada por la Guardia Civil bajo el nombre Operación PREVEO, la cual ha descubierto un posible fraude en las tramitaciones del Plan PIVE.

Entre los detenidos hay 44 personas físicas que obtuvieron subvenciones públicas mediante este sistema y que ahora están siendo investigadas por estafa. Otros 11 arrestados están relacionados con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres. 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías en las que se llevaron a cabo los supuestos fraudes. Las detenciones han sido llevadas a cabo en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

La Operación PREVEO arrancaba en el 2015 después de que un vecino de Villanueva de los Infantes denunciase que se le siguiese cobrando la viñeta de un vehículo que había dado de baja. La Policía Judicial descubrió que antes de ser dado de baja había sido transferido a otra persona durante tres días antes de ser definitivamente dado de baja.

Tras investigar el desguace y la documentación que obraba en su poder, se descubrió que los propietarios de los vehículos pensaban que sus vehículos estaban dados de baja cuando, realmente, iban a parar a manos de otras personas que gracias a ello se podían beneficiar del Plan PIVE previo pago de una cantidad de entre 150 y 400 euros.

Así el vendedor de los concesionarios implicados ofrecía al comprador la posibilidad de hacerse con un coche acogido al Plan PIVE para conseguir así las ayudas. Si aceptaba, una gestoría compinchada con el concesionario y el desguace que conseguía las documentaciones, falsificaba las firmas para hacer la transferencia de la titularidad y, posteriormente, ya se daba de baja definitivamente el vehículo.

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