El culebrón de las ZBE y el Ayuntamiento de Madrid sigue generando nuevos titulares, a razón de las decisiones que van tomando los políticos al mando del consistorio de la ciudad. Una vez más han decidido revocar la prohibición de la libre circulación de todos los vehículos por las llamadas zonas de bajas emisiones, independientemente de la clasificación ambiental bajo la que queden catalogados.
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Nueva moratoria del Ayuntamiento de Madrid
A finales del pasado año 2025 el Ayuntamiento de Madrid ya anunciaba en primera instancia una moratoria válida hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo de este modo que los vehículos sin etiqueta empadronados pudieran circular sin problemas por cualquier parte del municipio. Una medida que afecta a entre 14.000 y 15.000 vehículos, según sus propios cálculos y beneficia únicamente a un 0,05% de la población. O lo que es lo mismo el 1,08% del total del parque móvil que circula dentro del perímetro municipal.
Ahora, apena unos meses después de la aprobación de esta moratoria, ha sido el equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida quien confirma un nuevo aplazamiento de la conocida imposición proveniente desde la Unión Europea. Solo una condición, tal y como recogen algunos medios locales: La autorización del Ayuntamiento de Madrid solo se revocaría si alguna de las 24 estaciones de medición del aire superase los límites de dióxido de nitrógeno fijados por Bruselas.
Para poder poner en marcha esta medida, el partido al frente del gobierno en la Comunidad de Madrid presentará una enmienda a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, siendo aprobada previsiblemente durante el Pleno municipal de este mes. Los vehículos que se benefician de esta prórroga pertenecen a la categoría A de la DGT.
Hablamos de turismos de gasolina matriculados antes de 2001, diésel anteriores a 2006 y motocicletas anteriores a 2003. Son los modelos más contaminantes del parque móvil y los principales señalados por las directrices europeas. Sin embargo, estas últimas parecen no entender la precaria situación económica (cada vez más) de un amplio grueso de la población, incapaz de poder adquirir vehículos más nuevos y menos contaminantes, tal y como desean los burócratas europeos.
