Una nueva red ilegal, de venta de motocicletas, ha sido desarticulada en las últimas horas por la Guardia Civil. En esta ocasión, según hemos conocido por el Periódico de España, la ‘Operación Injini’ (Es el nombre que se le habría dado al caso), ha concluido con la detección de un total de 25 personas.
Todas ellas relacionadas con el caso y un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos (CAT) situado el polígono Aimayr de la carretera M-841, en San Martín de la Vega.
La desarticulación de red ilegal en detalle
Al parecer estas personas se dedicaban a exportar, de manera ilegal, ciclomotores y motocicletas, que debían ser dados de baja y posteriormente desguazados, a países africanos y europeos. Concretamente a Italia, Portugal y Polonia, en Europa, y a Marruecos, Senegal, Nigeria, Mauritania y Madagascar si hablamos del continente Africano.
De hecho se ha localizado algunas motocicletas pertenecientes a la Policía Foral de Navarra, como una BMW K75 y otros ejemplares que habrían servido dentro de otros estamentos nacionales públicos como la Policía Local de Madrid o también empresas privadas como Correos.
Todos estos ejemplares se habían declarado como “dados de baja”, sin embargo, en lugar de proceder al reciclaje de los mismos, esta red delictiva se dedicaban a restaurarla, eliminar su número de chasis y posteriormente exportarlas hasta los mencionados países.
Según fuentes policiales la organización contaba con el apoyo de varias empresas nacionales que se encargaban de la gestión y posterior venta de los vehículos. Incluso en ocasiones se vendían por piezas en nuestro país. En cualquier caso los vehículos se transportaban de un lugar a otro a la espera de ser enviados a los países donde finalmente terminaban siendo vendidos.
Sin duda un lucrativo negocio, ya que todas estas motocicletas y ciclomotores se compraban a precio de saldo, por lo que el beneficio final era muy alto, al ser comercializadas como vehículos en perfecto orden de marcha.
Para ello varias personas se encargaban de una contabilidad paralela, en la que blanqueaban las cifras finales modificando convenientemente los datos referidos al reciclaje de dichas monturas.
Otros 10 empleados hacían las labores de eliminación del número de chasis, cambio de matrículas y puesta a punto. Por último están como no los clientes de esta red ilegal, y un equipo de transportistas que las hacían llegar hasta estos últimos. Un negocio que según los primeros cálculos alcanzaría un valor de unos 5 millones en activos.
De igual forma, la Guardia Civil estima en más de medio millón de euros los beneficios recaudados en los últimos meses por esta banda. En los registros llevados a cabo estos, se habría encontrado valiosa información relacionada con la trama así como unos 4.000 euros en efectivo, además de armas y munición.
