El uso de radares en las carreteras y autopistas es uno de los recursos más utilizados por las autoridades para controlar el exceso de velocidad, reducir el número de accidentes y llenar las arcas del Estado gracias a las multas.
Conducir por encima de la velocidad permitida es una de las infracciones más frecuentes en España: dos de cada tres multas son por esta razón. Sabemos que una de las maneras más eficaces de hacer que disminuya esta infracción es utilizando radares fijos y móviles, que obliguen a los conductores a conducir de forma prudente.
El año pasado España incrementó el número de radares, y Francia acaba de anunciar también la incorporación de 400 nuevos radares móviles que funcionarán en distintas ciudades de este país. Lo curioso es que tienen la particularidad de que no serán utilizados por la policía, sino por ciudadanos particulares en coches privados.
¿Policías de tráfico con radares encubiertos?
No se trata de una idea nueva, pues el Departamento de Tráfico comenzó a ponerla en práctica ya hace varios años. Se trata de contratar ciudadanos particulares para que lleven radares móviles en sus coches y detectar de forma encubierta infracciones por exceso de velocidad.
Para llevar a cabo esta medida, el Estado francés contrató a cuatro empresas que se hicieron cargo de reclutar los conductores y supervisar sus actividades. Los resultados fueron sumamente exitosos, pues los radares móviles no son detectados al no poder identificarse los coches que los transportan.
Las personas contratadas para esta actividad deben ser conductores sin mal historial, con al menos 10 sobre 12 puntos en su carnet de conducir, y recorrer mínimamente 1.500 km al mes, para obtener un pago mensual de 1.500 euros. El pago no está relacionado con el número de infracciones que registren, sino con el recorrido realizado.
¿Esta práctica es posible en España?
En España también existen empresas contratadas para manejar las cámaras y los radares, pero son los ayuntamientos, y no la DGT, los que se encargan de contratar estos servicios, que se encuentran en lugares fijos. Las empresas que manejan y llevan la gestión las cámaras y radares fijos también se encargan de detectar las infracciones e informar al ayuntamiento correspondiente. Después será el propio ayuntamiento el responsable de imponer y cobrar la multa, aunque los contratistas se quedan hasta con un 50% de comisión.
Los radares móviles, también llamados oficialmente “cinemómetros láser portátiles”, se encuentran en vehículos de la policía o de funcionarios de la DGT, y actualmente no hay particulares usándolos en autopistas y carreteras españolas. De hecho, si algún ayuntamiento decidiera replicar esta iniciativa francesa, las infracciones detectadas con este sistema no serían consideradas válidas en un tribunal.
Sin embargo, en las redes sociales está circulando un vídeo en el que un conductor detecta a otro aparcado en el arcén de la N-Va, con un radar móvil en el salpicadero y cuyo conductor reconoce estar controlando la velocidad de los vehículos en ese tramo, y que trabaja para el ayuntamiento. Algo que la administración municipal ha negado rotundamente. Quién sabe, a lo mejor ya están entre nosotros.
