El río sonaba así que algo de agua llevaba y ahora ya podemos confirmar que a partir del 6 de julio 2022 todos los nuevos coches y camiones de nueva homologación en la Comunidad Europea tendrán que llevar instalado de serie el sistema AIV o ISA. Son las siglas de Adaptación Inteligente de Velocidad, un dispositivo que deberá instalarse también en cualquier vehículo que se venda en 2024 y eso implica, en principio, a las motos.
Se trata de un limitador de velocidad como los habituales pero que van un paso más lejos y es que estará, por ley, conectado por GPS o bien tendrá que leer las señales mediante cámaras. Precisamente este segundo supuesto ya se está trabajando bastante con Honda y Kawasaki como dos de los principales impulsores de esta idea. En resumen, los fabricantes deberán de dotar a los vehículos de la capacidad de saber cuál es la velocidad máxima del tramo en el que se circula.
A partir de esos datos comienza a trabajar el sistema que, en caso de detectar un exceso de velocidad, empezaría a emitir señales sonoras (algo que habrá que ver cómo se adapta a las características de la moto) y, posteriormente en caso de no variar la velocidad, tendrá la capacidad reducir la potencia del vehículo hasta que se llegue a la velocidad máxima permitida.
Eso sí, el sistema podrá desconectarse de manera manual por el usuario aunque deberá encenderse de manera automática cada vez que se ponga en marcha la moto. Es decir, si no lo cancelamos el sistema estará funcionando. De esta manera no será considerado tanto un limitador de carácter permanente, sino que pasa a ser un asistente en la conducción.
Aun así, todavía quedan encima de la mesa cuestiones importantes. Como decíamos, la primera de ella es ver cómo se implanta la medida en las motos y, la segunda, qué capacidad tendrán las administraciones de tener al día los límites de velocidad para aquellos que empleen el GPS. Además de estas que se plantean para el usuario, si todos los vehículos emplean el sistema y nadie supera los límites de velocidad las administraciones públicas perderán una gran cantidad de dinero anual que se recauda a través de los radares. En España se recaudan más de 300 millones al año en sanciones y la gran mayoría son de velocidad por lo que la cantidad perdida sería muy elevada. Muchas cuestiones pendientes en un camino que la Unión Europea ya ha empezado a andar.
