La decisión de proponer un incremento en los límites de las emisiones corrió a cargo de la propia Comisión Europea, que muestra así su apoyo a la industria de la automoción y especialmente al lobby del diesel, precisamente en un momento crucial para el sector, en el que el escándalo Volkswagen deja en evidencia a los sistemas de control. De hecho, la Agencia Europea del Medioambiente ha denunciado que estos sistemas están completamente desfasados y no ofrecen medidas reales.
La medida aprobada ayer miércoles en Bruselas establece que a los vehículos diesel que se vendan a partir de 2017 se les va a permitir rebasar en un 110 por ciento (sí, más del doble) los niveles establecidos, definiendo un calendario progresivo de adaptación a la normativa. Actualmente el nivel máximo de emisiones de NOx es de 80 mgr. La Comisión autoriza que desde septiembre de 2017 y hasta 2019 el umbral máximo sea de 168 mgr; desde 2019 y hasta 2022 será de 120 mgr; y desde 2023 los fabricantes tendrán que ceñirse al límite de 80 mgr que actualmente marca la ley.
También se establece la necesidad de crear nuevos sistemas de homologación, así como un nuevo procedimiento de análisis, verdaderamente eficaz y acorde con las emisiones reales. El actual se desarrolló en 2001, cuando los vehículos eran más ligeros y menos potentes. Con esta decisión es inevitable llegar a una fácil conclusión: que el fraude de Volkswagen esté más generalizado de lo que pensamos, o que la Comisión Europea, por falta de diligencia, no ha controlado debidamente al sector, y este margen que se le concede es un parche legal para evitar nuevos escándalos que dañarían a la industria automovilística. Todo a costa del medio ambiente y la salud.
Esta decisión de la Comisión y el Parlamento Europeo pone en evidencia la contradicción en la que se mueve la Unión Europea, que por un lado desarrolla políticas medioambientales muy exigentes, mientras que por otro se pliega a los intereses de los grandes grupos de presión, como es la industria de la automoción europea.
Mientras tanto, en muchas capitales europeas empiezan a plantearse prohibir el acceso a los vehículos diesel para reducir las emisiones y evitar episodios de alta contaminación.
Además, en el otro extremo de la balanza, la industria motociclista europea sigue bajo presión, sometida a controles cada vez más estrictos, por otra parte como era de esperar para conseguir mejoras medioambientales, y sin ningún tipo de concesiones como las que tienen determinados automóviles. El pasado 1 de enero entró en vigor la Normativa Euro 4 para motos, que impone mayores exigencias en materia de emisiones a las motos, triciclos y cuadriciclos, y los ciclomotores tendrán que adaptarse a la normativa en 2017. Y todo, a pesar de que la propia UE ha declarado a la moto vehículo preferente en las políticas de movilidad.
