El incremento imparable del combustible a nivel global está causando grandes quebraderos de cabeza en todo el mundo. Parece que estemos ante una nueva crisis del petróleo que afecta, especialmente, a quienes menos recursos económicos tiene. Obviamente, la denominada pobreza energética afecta a quienes disponen de menos dinero para hacer frente a los gastos cotidianos y, entre ellos, está el energético. Es por ello que en Francia se están buscando medidas para conseguir ayudar a quienes los necesitan pero sin hacer daño a las arcas estatales.
¿A qué nos referimos? Pues a la primera medida en la que piensan muchos cuando se quieren bajar los precios y es con el estado renunciando a sus impuestos. Una rebaja fiscal sobre el combustible ayudaría a bajar un porcentaje determinado del coste final del mismo. Por contrapartida, una bajada generalizada de los impuestos haría que no sólo se beneficiasen aquellos con menos ingresos sino todos los ciudadanos. Por tanto, la recaudación bajaría sustancialmente pues una rebaja generalizada no distingue por renta.
Así pues, como otro tipo de ayudas, está sobre la mesa que llegue algún tipo de ayuda como el cheque energético que existe en nuestro país vecino o el denominado bono social que se aplica en España para la electricidad. Son muchos los aspectos a valorar sobre cómo hacer llegar este tipo de ayudas en algo tan difícil de controlar como el consumo de combustible. El gran escoyo llega tanto con las cantidades como con los requisitos necesarios. En estos momentos se baraja la opción de ayudar a quienes no tienen trabajo pero sí la necesidad de emplear el vehículo privado, como padres que necesitan llevar a sus hijos al colegio y no tienen trabajo o acompañantes de personas discapacitadas.
En cualquier caso el debate está sobre la mesa para poder aliviar económicamente a quienes están en apuros pero hacerlo sin perjudicar al resto. Por ejemplo, en la región francesa de Hauts-de-France ya se implementó una medida en 2016, por la que se pagaban 20 euros al mes a aquellas personas con empleo que usaban moto para un trayecto superior a los 20 kilómetros, siempre y cuando no hubiera transporte público y cobrasen menos del doble del salario mínimo. Esta medida ya ha sido descartada por el Gobierno de Francia posiblemente por el coste burocrático de comprobar todos esos datos, especialmente el de la alternativa de transporte del punto A al punto B. Habrá que estar atentos a los movimientos de nuestros vecinos y esperar que estas medidas pudieran suponer una tendencia también en el resto de los países de la Unión Europea, empezando por España.
