No cabe duda que la iniciativa del Plan PIVE ha resultado positiva para la industria de la automoción, que es uno de los sectores industriales claves de la economía española. Desde la primera edición, puesta en marcha en 2010, el Gobierno Rajoy ha destinado 890 millones de euros para incentivos a la compra de vehículos, pero ni un solo céntimo ha llegado a la industria motociclista, que ha sido sistemáticamente excluida de esta iniciativa, a pesar de los reiterados llamamientos realizados. El Plan PIVE 7 se mantiene en vigor porque todavía dispone de un fondo de 25 millones de euros, pero cuando este se acabe la Administración, por boca de Begoña Cristeto, secretaria general de Industria, ha confirmado que pondrá en marcha una nueva edición.
Sin embargo, el Plan PIVE 8 seguirá sin alcanzar a la industria motociclista. Ni siquiera el apoyo a las motos eléctricas se contempla dentro del Plan MOVELE, destinado a los vehículos sin emisiones. Aunque la situación del mercado motociclista es positiva, con una evolución de ventas creciente (en 2014 se incrementaron en un 17 por ciento y las previsiones para 2015 son de un aumento del 11 por ciento), ANESDOR estima que la cifra que se podría alcanzar este año, unas 137.000 unidades matriculadas, aún está lejos del volumen estimado para asegurar la sostenibilidad del sector, que la patronal de la industria motociclista cifra en unas 250.000 unidades. Y, sin ayudas ni incentivos a la compra, será difícil alcanzar este volumen de matriculaciones.
El apoyo a la industria de la automoción a través del Plan PIVE ha resultado clave para la mejora del sector. ANESDOR considera que con una aportación de solo 10 millones de euros en ayudas a la compra de motos se generaría una recaudación por impuestos de más de 26 millones, destacando así la rentabilidad de la inversión. “Sigue siendo necesario revisar el marco impositivo, introducir el acceso progresivo en los permisos de conducción, incluir las dos ruedas en los planes de renovación y en las políticas de movilidad para aprovechar todo su potencial y alcanzar el objetivo de sostenibilidad citado”, asegura José María Riaño, secretario general de ANESDOR, pero la Administración no responde.
