La huelga de los examinadores de la DGT fue la más larga de la democracia española: fueron seis meses de paros, entre junio y diciembre de 2017, durante los cuales hubo que cancelar más de 200.000 exámenes de carnés de todo tipo. Además del trastorno para quienes querían obtener su permiso, fue un gran problema económico para las autoescuelas, que tenían cada vez más alumnos pendientes de examen.
Aquella huelga terminó porque examinadores y DGT llegaron a un acuerdo: se les iban a pagar los complementos que exigían (por examinar fuera de la oficina y el riesgo que corren), unos 250 euros al mes (14 pagas), y así se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado, con el voto a favor de todos los partidos (salvo PP). Sin embargo, ahora hemos sabido que lo aprobado no se cumplió: supuestamente está “en proceso”, pero los examinadores se han cansado de esperar. Han vuelto a convocar una huelga, desde hoy día 10 hasta el 21 de diciembre, y hoy mismo ya se han suspendido 5.000 exámenes por esta causa.
Las autoescuelas han hecho un llamamiento al Gobierno para que se resuelva el conflicto y se “desatasque” el pago de los complementos prometidos y aprobados. La pelota estaría en el tejado de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), responsable de estos pagos, y según Pere Navarro (DGT) es algo que está a punto de resolverse estos días. Los examinadores, que hoy mismo se manifestarán para reclamarlo, confían en que se resuelva más pronto que tarde este asunto pero se quejan “del silencio y la inacción de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Tenemos confianza en que se ejecute más pronto que tarde lo acordado en los Presupuestos Generales del Estado. Los examinadores de tráfico han demostrado paciencia, honestidad, profesionalidad y lealtad con la Administración, así como respeto y sensibilización con los profesores de formación vial, las autoescuelas y los ciudadanos. Pedimos el mismo respeto y honestidad”.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, “instamos al Gobierno a evitar otra huelga destructiva de los examinadores de tráfico. La sociedad no entendería que, por una mera cuestión de técnica contable, se reanudara un conflicto que llevó a suspender un cuarto de millón de pruebas de circulación en 2017. Se trata de saber si tenemos verdaderos gobernantes u obcecados e insensibles burócratas”.
