Según han ido avanzando las restricciones y regulaciones de movilidad en las grandes ciudades, han ido creciendo el número de empresas que ofrecen sus servicios de movilidad compartida. Se trata de los conocidos como “sharings” en los que uno alquila, en este caso, una moto que se cobra por minutos. Cada empresa opera de una manera, pero a grandes rasgos toda la operación se lleva a cabo a través de una aplicación móvil. La cuestión es que estos servicios crecieron tanto y de manera tan poco organizada en un principio que, poco después, tuvieron que comenzar a ser regulados pues más que una ventaja para la ciudad en algunos puntos suponían auténticos quebraderos de cabeza.
Una de las ciudades que reguló fue Barcelona, que estableció un máximo de 7.000 motos de alquiler en la calle, dividiéndolas entre todas las compañías que cumplían los requisitos. Pero las cosas se fueron complicando e incluso hoy en día el propio Ayuntamiento está envuelto en una serie de problemas que incluyen procedimientos judiciales abiertos, y que impiden ampliar las unidades disponibles en algo más de 3.000. El gran problema de esta situación es que, según las empresas, las cerca de 600 motos que tienen circulando cada una de ellas no es cantidad suficiente para que les salgan las cuentas.
Así pues y teniendo en cuenta que las motos alquiladas (sólo de algunas compañías) en Barcelona, únicamente podían compartirse también en l’Hospitalet de Llobregat, el proyecto que se quiere poner en marcha afectará a todo el Àrea Metropolitana de Barcelona. En total son 36 municipios incluida la ciudad condal, sobre los cuales la AMB tiene competencias en ordenación de territorio, urbanismo e infraestructuras de interés metropolitano. Será precisamente este organismo público el que ponga en marcha una mesa metropolitana, la cual va a estudiar y consensuar los aspectos técnicos, jurídicos y económicos para pasar a regular el servicio.
Para ello va a contar con todas las partes implicadas, desde las propias empresas a las administraciones, asociaciones del sector y expertos para intentar llegar a una solución. En función de las conclusiones que se extraigan, el AMB va a plantear una nueva regulación metropolitana que ordene las licencias de manera conjunta. De esta manera lo que ahora solamente se puede hacer entre Barcelona y l’Hospitalet ,se podrá llevar a cabo también entre otros municipios con un sistema de gestión común en lo que a licencias se refiere.
No cabe duda de que esta es una iniciativa que puede marcar un antes y un después en este tipo de gestiones a nivel nacional. Al fin y al cabo muchas grandes ciudades tienen cerca las denominadas “ciudades dormitorio”, en la que gran parte de su población se desplaza a la urbe para trabajar o por otros motivos, y este tipo de soluciones podrían descongestionar bastante tanto las carreteras como el muy mejorable sistema de transporte público.
