Llevamos tiempo con la amenaza velada y no tan velada de que el Gobierno estaba planteando llevar a cabo una reforma legislativa por la cual se pasase a cobrar por el uso de, al menos, las autovías y autopistas públicas. Y parece que, salvo nueva rectificación, esta reforma ya está en camino. Así, al menos, lo ha confirmado el Secretario General de Infraestructuras en un foro organizado por la Cadena SER en Galicia tal como indican desde el propio medio.
Evitando llamarlo peaje, se sabe que la intención es ponerlo en marcha a partir de 2024 (justo tras las próximas elecciones generales) y que las tarifas estarían lejos de lo que conocemos actualmente como peaje pero que estarían situadas en un céntimo el kilómetro, aunque no se ha especificado discrimiación por tipo de vehículo, algo llamativo. Se descartaba de esta manera el modelo alemán que cuenta con una tarifa plana independientemente del uso, decantándose el ejecutivo por la forma de recaudar de Portugal.
En una maniobra política que pasa por alto el fondo de la cuestión. No hay que olvidar que el estado rescató (pagando miles de millones de euros) varias autopistas de peaje además de hacerse cargo de las concesiones vencidas, lo que incrementó los kilómetros de autopistas públicas y con ello el gasto, Vázquez ha declarado: «No le llamaría en el primer lugar peaje. Hablamos de que vamos a implantar un sistema de tarificación. Y no le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las que de las autopistas que se paguen hoy. No tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles que tiene necesidades más urgentes como son las políticas sociales».
Sin embargo se olvida, quizás a propósito, mencionar la gran dependencia de todos los ciudadanos de los medios de transporte necesarios para hacer frente, sin ir más lejos, al consumo alimenticio diario. Tampoco se mencionan, como decíamos anteriormente, los miles de millones de dinero público destinados a rescatar autopistas de peaje que eran deficitarias porque los españoles no las usaban o las diferentes partidas del presupuesto destinadas al mantenimiento de las autopistas que ya existen. En esta ocasión, eso sí, al menos no se pone de excusa a la Unión Europea algo que se hizo cuando se empezó a tratar el tema hasta que desde Bruselas se dejó en evidencia al ejecutivo español, que luego intentó matizar las declaraciones del entonces ministro Ábalos.
Pero dejando de un lado las luchas políticas, las promesas, los dimes y diretes, lo cierto es que sobre la mesa hay unos precios para quienes usen las vías de alta capacidad a la vez que se ha abierto la puerta a que las propias comunidades autónomas hagan lo mismo con el resto de vías que están bajo su jurisdicción. No cabe duda de que, como estamos viendo con el incremento incesante de la energía, un mayor coste del transporte terminará incidiendo no sólo en nuestro bolsillo cuando usemos las autopistas, autovías… sino también como un coste directo en el resto de productos.
Para terminar, no hay que olvidar que esta medida viene impulsada desde hace tiempo por todo el lobby del mantenimiento de infraestructuras, que sería el gran beneficiado económico de un aumento de inversión y la recaudación. Y todo ello dejando de lado que actualmente todos los años pagamos nuestro Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica que, presuntamente, debería ir destinado a este concepto.
